La Junta de Gobierno celebrada en el día de hoy ha aprobado la adjudicación del expediente de contratación de la obra de reasfaltado de diversas calles del término municipal de Torrevieja, así como a la aprobación del plan de seguridad y salud. El secretario accidental de la Junta de Gobierno, José Hurtado, ha explicado que “la empresa ganadora de la licitación no acabó de formalizar el contrato, por lo que lo que hemos hecho es contactar con la segunda empresa clasificada en la licitación (‘PAVASAL, Empresa Constructora, S.A.’) para requerirle por 15 días para que proceda a la formalización del contrato”. El importe total de la adjudicación asciende a 132.364,86 euros y el periodo de ejecución es de 4 semanas.

concejal hurtado junta de gobierno

                Otro de los asuntos que ha sido tratado y aprobado en la Junta de Gobierno celebrada en el día de hoy ha sido la aprobación de la segunda prórroga del contrato de prestación del servicio de conservación y mantenimiento de las fuentes ornamentales públicas. Hurtado ha explicado que el contrato entró en vigor el 30 de enero de 2014 y, tras efectuar la segunda prórroga del mismo, finalizará el 5 de febrero de 2020. Asimismo, ha confirmado que hay una retención de crédito de 216.300 euros prevista así como 23.300 euros para ejercicios futuros.

                La Junta de Gobierno ha procedido también a adjudicar el expediente de contratación del suministro de un sistema de almacenamiento y ampliación de UNO en producción junto con software base. Tal y como ha explicado Hurtado, la adjudicación ha sido por un importe de 189.956,69 euros por un periodo de 4 meses.

                También ha sido aprobada la nueva memoria justificativa del expediente de reparación y mantenimiento de las pistas polideportivas exteriores denominada A+D, situadas en diversos lugares del término municipal. Hurtado ha detallado que “este cambio de denominación y nueva memoria justificativa se debe a que en la memoria inicial no se contemplaba el mantenimiento y lo que hemos hecho ha sido exigirlo y añadirlo”. El importe total asciende a 102.331,89 euros y tiene un plazo de 3 meses para la reparación y de 4 años para el mantenimiento. Concretamente, las pistas exteriores (un total de 7) se encuentran en la Plaza de Europa, la urbanización Los Altos, la urbanización Torreblanca, dos en la urbanización La Torreta III, en Torrelamata, y otra en la urbanización La Siesta.

                Otro tema que ha sido tratado por la Junta de Gobierno ha sido el acta de la mesa de contratación en relación con el expediente de suministro de cartuchería metálica para los ejercicios de la Policía Local. El secretario accidental de la Junta, José Hurtado, ha concretado que “lo que se ha hecho es desestimar una de las dos ofertas que se presentaron a la licitación siguiendo los informes de los técnicos y adjudicarlo a la otra empresa concurrente, a la cual se le ha requerido por un plazo de 5 días para que formalice el contrato”.

                En cuanto a asuntos de materia judicial se refiere, en la Junta de Gobierno celebrada en el día de hoy se ha aprobado el ejercicio de acciones judiciales para la defensa del Ayuntamiento en un recurso presentado contra la aprobación en Junta de Gobierno del plan de autoprotección del mercadillo de La Mata. Asimismo, han sido aprobados 25 expedientes de disciplina urbanística, de los cuales 12 han sido órdenes de demolición.

                También se ha procedido a aprobar las solicitudes relativas a devolución de fianzas depositadas para garantizar expedientes de contratación. Concretamente uno hacía referencia al proyecto de demolición del edificio ‘La Ballena’ y el otro al servidor del correo electrónico del Ayuntamiento.  La Junta de Gobierno ha instado al órgano de apoyo de la misma para que recabe información, en el departamento que corresponda, acerca de la inscripción del embargo para recuperar el importe de la ejecución subsidaria. Hurtado ha recordado que “el Ayuntamiento tuvo que proceder por el peligro de ruina inminente del edificio, a hacerse cargo de la demolición, pese aque no era un bien municipal, y ahora, como es lógico, se debe reclamar el importe que costó esa demolición”. El importe total ascendió a 247.286,50 euros, si sumamos el coste de demolición y el de la elaboración del proyecto.